Los diálogos sociales para la reforma tributaria finalizan a fin de este mes. Luego de ese proceso, el Ministerio de Hacienda elaborará un informe con las principales conclusiones. En paralelo a ello, en Teatinos 120 avanzan en las distintas materias que incluirá la iniciativa, que tiene el objetivo de recaudar cerca de 4 puntos del PIB. Desde el Ejecutivo han señalado que el plazo para ingresar los proyectos que engloben la reforma impositiva es junio.

En ese contexto, una de las materias que va tomando forma es el impuesto a la riqueza que aplicará el gobierno a las personas de alto patrimonio. De acuerdo a fuentes del Ejecutivo, el foco de atención está puesto en limitar el monto del patrimonio que se gravará. La discusión interna se centra en si el piso de este impuesto estará puesto en patrimonios “desde los US$5 millones, US$6 millones o US$7 millones”, según lo afirmó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en el programa Estado Nacional el domingo último, quien además dijo que dichos montos están “por encima del patrimonio que puede tener cualquier familia de clase media”. Asimismo, aclaró que el gravamen se aplicará sobre el stock que tienen las personas, porque “es una cantidad que se puede medir en un tiempo determinado”.

Ahora, lo que se está definiendo en Hacienda es la tasa que se aplicará, aunque se menciona que será baja, siguiendo los estándares de los países donde se usa este tipo de impuestos. Ahí, si bien no está cerrado aún, las conversaciones apuntan a que fluctúe entre 1% y 2,5%, y regiría de manera anual, según fuentes al tanto de las tratativas.

De acuerdo a expertos consultados, esta tasa funcionará como tasa marginal, es decir, se aplicaría sobre el extra del piso mínimo que se defina. Por ejemplo, si comenzará en US$5 millones, la tasa se aplica sobre el patrimonio adicional a ese monto.

Otro de los puntos que está en fase de estimación es el universo de personas que abarcará una medida como esta. De acuerdo a cálculos del exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII) y socio de Jorratt y Asociados, Michel Jorratt, los contribuyentes que tienen un patrimonio sobre los US$5 millones y, por ende, estarían bajo este nuevo impuesto, son del orden de 8.300.

Con este impuesto, el gobierno espera recaudar 0,5% del PIB, lo que hoy equivale a unos US$1.600 millones.

Esta estructura que elabora Hacienda, se desmarca del proyecto que se presentó en 2020 y que tuvo varios cambios en el camino, pero que apuntaba a hacer tributar a los patrimonios que iban desde los US$22 millones en adelante, abarcando un universo de 1.900 personas.

En el diseño actual se establecería que este impuesto se aplicará sobre todo el patrimonio neto de las personas, lo que incluye desde bienes inmuebles, fondos de inversión, acciones en empresas, hasta cuadros, joyas o yates.

¿Cómo se fiscalizará? Jorratt reconoce que es “un desafío bien grande”, pero que el SII tiene las capacidades de hacerlo”. Además, menciona que ahora es más factible llegar a las inversiones que las personas tengan en el extranjero, considerando los avances en intercambio de información que ha tenido la Ocde.

Para el experto, el impuesto está bien focalizado y precisa que el piso que se analiza aplicar afectará a quienes están en el 1% de mayores recursos.

Las dudas de los tributaristas

Los reparos entre los expertos tributarios son similares a las que entregaron cuando se debatió el primer proyecto de “súper ricos”. Y ahí las dudas se centran en que consideran que su implementación es compleja, que no recaudará lo que se proyecta y que por eso en muchos países ya va en retirada.

Claudio Agostini, académico de la Universidad de Adolfo Ibáñez, afirma que “un impuesto al patrimonio requiere conocer y poder valorizar todos los activos que tienen las personas y todos los pasivos. Hay activos que son fáciles de valorar como propiedades, automóviles, y activos financieros como los fondos mutuos, acciones, depósitos a plazo”. Sin embargo, precisa que “hay activos muy difíciles de valorar y aún más difíciles de detectar su existencia para el SII, como obras de arte y joyas, por ejemplo”. Agrega que “para el SII, además, es muy difícil detectar los activos que un contribuyente tiene en el exterior, lo cual hace que sea un impuesto muy fácil de evadir”.

En cuanto a la recaudación, Agostini sostiene que “es muy difícil saber, si aún no se conoce qué tasa se va a usar, pero los datos que hay de recaudación para los países que los usaron es que recaudaba entre 0,1% y 0,5% del PIB, así que probablemente el 0,5% es el techo de lo que podría recaudar”.

Hugo Hurtado, socio Tax & Legal y BPS de Deloitte, añade que “seguimos pensando que el impuesto al patrimonio, independiente de la base en la cual se aplicará, no tiene mucho espacio técnico, porque no ha recaudado lo esperado y, a la vez, ha provocado fuga de capitales”. Hurtado añade que “es poco probable que se recaude el 0,5%”.

Andrés Martínez, socio Líder de Consultoría Tributaria de KPMG, acota que “apuntar a patrimonios desde los US$ 5 millones a US$ 7 millones hacia arriba hace lógica con los otros anuncios ya realizados, de que el impuesto ya no será sólo para los “súper ricos”, sino que se aplicará a un rango bastante más amplio de contribuyentes”. En ese sentido, subraya que “independientemente de los montos sobre los cuales se aplique, el tema de fondo es que se produce una doble tributación, puesto que se aplica sobre utilidades y beneficios que pagaron impuestos cuando fueron generados. Vuelven a pagar”.

Soledad Diharasarri, abogada especialista en él área tributaria del estudio Palma, indica que “esta clase de impuestos genera un freno a la inversión y una gran fuga de altos patrimonios hacia el extranjero, lo que conlleva externalidades negativas para nuestra economía y por supuesto para los montos que se espera recaudar”.

Pablo Chechilnitzky, de Recabarren & Asociados, comenta que “independiente de los montos sobre los que se aplique, el impuesto al patrimonio ha resultado ser ineficaz en la mayoría de los países que se ha incorporado”.

Por su parte, Ignacio Gepp, socio de Puente Sur, asevera que “es un tributo que, si es permanente, puede incentivar la migración fiscal e incluso la evasión tributaria por medio de la no declaración de activos, puesto que es percibido a nivel global como una confiscación. Es un impuesto problemático”.

Víctor Fenner, socio adjunto de impuestos de EY, pone el acento en la fiscalización. “Puede ser muy compleja, ya que identificar y valorizar bienes no registrales, o que no se cotizan habitualmente en el mercado puede ser muy complejo. Es por ello que algunos países limitan el tipo de bienes”, concluye.