La nueva Ley de Delitos Económicos marca un antes y un después en la regulación de las actividades comerciales en Chile. Operar en la informalidad ya no solo implica riesgos financieros o limitaciones para el crecimiento del negocio, sino que se traduce en una clara ilegalidad que puede acarrear sanciones graves, tanto para microempresarios como para empresas de mayor tamaño.

Un llamado a la transparencia y el cumplimiento normativo

Esta ley subraya la importancia de operar de manera transparente y ajustarse a las normativas legales. La formalización ya no es solo una opción deseable para ejercer una actividad de comercio; se ha convertido en un imperativo legal y estratégico. Las principales implicancias para los microempresarios son:

1.- Riesgos legales al permanecer en la informalidad: La realización de actividades comerciales sin registrar ventas, pagar impuestos o emitir boletas y facturas puede ser catalogada como delito tributario o fraude fiscal.

Evasión de impuestos: Una práctica que puede llevar a multas significativas o incluso penas de cárcel.

Ocultamiento de ingresos: Considerado un delito económico con sanciones penales.

2.- Formalizarse para proteger el negocio:

Cumplimiento tributario: Emitir documentos tributarios como facturas o boletas electrónicas y pagar impuestos como el IVA ya no son solo una obligación fiscal, sino una medida para evitar sanciones.

Registro de costos laborales: Los microempresarios deben documentar sueldos y cotizaciones, ya que los trabajadores no son voluntarios y su remuneración es parte esencial del negocio.

3.- Evitar consecuencias de largo alcance: La informalidad ya no es tolerada bajo esta nueva legislación, y operar fuera del marco legal puede implicar:

Pérdida del negocio por sanciones económicas.

Restricciones para acceder a financiamiento o licitaciones públicas.

Dificultades para crecer o competir en mercados más amplios.