El mensaje -en segundo trámite- introduce una serie de cambios a la legislación apuntando a rebajar los costos y tiempos asociados tanto a la renegociación como a la reorganización de deudas.

La idea es apoyar a aquellas personas naturales y jurídicas que se encuentran en insolvencia, lo que se ha visto agravado por la crisis económica producto de la pandemia. El fin es agilizar y hacer viable el pago de las deudas a los acreedores para posteriormente volver al sistema financiero como consumidor o empresa accediendo a todas las herramientas del mercado.

En la última sesión, los legisladores escucharon a la coordinadora legislativa y jurídica del Ministerio de Economía, Ximena Contreras; al superintendente de Insolvencia y Emprendimiento, Hugo Sánchez; y al director nacional de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado (ULDDECO) de la Fiscalía Nacional, Mauricio Fernández.

Tras ello, se dio por despachado el texto luego que, en sesiones previas, se revisaran las distintas indicaciones presentadas. Éstas dicen relación con la definición de empresa deudora, la eliminación de los datos del deudor en el Boletín Comercial, el carácter presencial y telemático de las juntas de acreedores y audiencias, la objeción de la cuenta final de administración del liquidador, el deudor, cualquier acreedor y la Superintendencia, y la declaración de mala fe del deudor, entre otros aspectos.

Una de las materias que se abordó en el debate pero que finalmente no quedó en el texto, fue lo relativo a la facultad que tendría el Ministerio Público para perseguir delitos asociados a la insolvencia. El Ejecutivo explicó que se abordará esta acción penal en un proyecto futuro relacionado con la recaudación tributaria.

Ahora la propuesta deberá ser revisada en Sala. Dado que se introdujeron una serie de cambios, la norma irá a tercer trámite, e incluso los senadores no descartaron la posibilidad de una Comisión Mixta debido a que algunos aspectos consensuados en la instancia de Economía podrían generar dudas en la Cámara Baja.