El proyecto de ley que acota la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito cuando son objeto de fraude por extravío, hurto o robo, trasladándola a los emisores medios de pago, empieza a cobrar fuerza en el Congreso. Parlamentarios aseguran que la iniciativa legal que tiene preocupada a la banca -principal industria emisora de medios de pagos- tiene viabilidad de avanzar con prontitud.

El texto está siendo analizado por la Comisión de Economía del Senado. El integrante de dicha instancia, senador (DC) Jorge Pizarro, estima que “el proyecto es interesante porque busca llenar algunos vacíos que se producen cuando hay este tipo de delitos con las tarjetas de crédito, y los usuarios queden en la indefensión total”, agregando que “creo que hay voluntad de todos los miembros de la Comisión de legislar para velar los intereses de los tenedores de tarjetas”.

A eso se suma que en esta instancia justamente participan dos de los tres autores del proyecto de ley: la senadora (Amplitud) Lily Pérez, y (PPD) Eugenio Tuma.

Incluso, si el texto legal logra avanzar a segundo trámite legislativo a la Cámara de Diputados, se prevé una buena recepción de diversas vertientes políticas.

El miembro de la Comisión de Economía de la Cámara Baja, diputado (DC) Fuad Chahín, sostiene “le veo viabilidad política a este proyecto, porque los bancos son responsables de entregar este servicio. Una iniciativa como ésta, si bien hay que mirarla en detalle, tendría mi apoyo” .

En tanto, el otro integrante de la Comisión, diputado (UDI), Jaime Bellolio afirma “me parece que es algo razonable . En los detalles es donde los proyectos pueden caerse en el sentido de que no se les traspase estos costos al mismo usuario. Pero los responsables de tener la mayor seguridad de la misma tarjeta obviamente son quienes las emiten”.

Además, el parlamentario UDI apunta los dardos a Transbank, entidad que también pertenece a la banca. “Hoy, si bien se ha permitido que haya un poco más de competencia, todavía hay un jugador que impone reglas muy relevantes que tiene efecto en la seguridad también”, acota.

REGULADOR

Durante una presentación ante la comisión, el director jurídico de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif), Andrés Prieto destacó que el proyecto transfiere la carga de la prueba del usuario al emisor, y éste último es quien debe probar que el usuario se encontraba en conocimiento de las operaciones fraudulentas o que actuó sin la debida diligencia para el manejo del medio de pago. Por ello, valoró la iniciativa.

Además, sostuvo que hoy “los usuarios de los medios de pago carecen de los elementos probatorios para revertir la presunción de mal uso del instrumento”, pues en la actualidad son éstos quienes tienen el acceso a la información, lo que genera una asimetría.

En tanto, el director del Servicio Nacional del Consumidor, Ernesto Muñoz, aseveró que “el proyecto de ley se hace cargo de algunas de las líneas en las que el Sernac ha estado impulsando los derechos de los consumidores, específicamente, respecto de que no es necesario contratar seguros para que el tipo de medida que adopten la institución financiera respecto de la tecnología y seguridad de sus medios sea adecuada”.

Diferencias dentro del CPC

En su presentación ante la Comisión, el presidente de la Asociación de Bancos (Abif), Segismundo Schulin-Zeuthen, señaló que “la responsabilidad no sólo cae en el emisor de tarjetas, sino en todos los actores intervinientes en la cadena de pago (…) Se debe permitir expresamente contracargar al comercio los montos reclamados por los clientes, cuando el comercio haya sido negligente”. Sus palabras generaron la reacción en la Cámara Nacional de Comercio (CNC), reflejando una diferencia al interior de la Casona de Monseñor Sótero Sanz.

El presidente de la CNC sostiene que “está bien que la responsabilidad la tenga el emisor. Si la persona que tiene la tarjeta clonada va a comprar, por ejemplo, a Falabella ¿Qué culpa tiene esa empresa Falabella? No tiene cómo saber que esa tarjeta está clonada. Entonces, por qué los bancos dicen que el comercio tiene que hacerse cargo. El comercio no tiene que hacerse cargo, a menos que sea emisor de tarjeta”.

Artículo de Aravena y M. Villena

Fuente: Pulso

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