Transtecnia

La Sala de la Cámara aprobó y despachó al Senado el proyecto de ley, iniciado en tres mociones refundidas, que tiene como objetivo extender la vigencia del permiso postnatal, durante la emergencia sanitaria derivada del coronavirus (boletines 13.364, 13.376 y 13.384).

El texto, cuyo segundo informe de la Comisión de Trabajo plantea que, en caso de haberse declarado estado de excepción constitucional de catástrofe, las trabajadoras tendrán derecho, durante este periodo, a un descanso de maternidad de diez semanas antes del parto.

Agrega que las trabajadoras y trabajadores que se encuentren ejerciendo el derecho y cuyo plazo de duración venza durante la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe, verán extendido su permiso de postnatal hasta el momento que se levante la declaración, en las mismas condiciones.

Misma extensión, señala el documento, se dará en el caso de aquella trabajadora que haya iniciado su postnatal dentro del periodo de declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública y que se vea culminado al interior de este.

En el caso de aquellas trabajadoras que se encuentren haciendo uso del permiso por enfermedad grave de niño menor de un año y cuyo plazo de duración vence durante la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe, verán extendido su permiso hasta el momento que se levante la declaración, en las mismas condiciones.

La misma extensión, plantea la propuesta, se aplicará para aquellas trabajadoras que hayan retornado de su postnatal a sus labores de trabajo, que se encuentren con fuero maternal y cuya duración venza durante la declaración del estado de excepción.

Por último, el proyecto señala que las disposiciones de la norma también serán aplicables a los permisos y fueros que hubiesen vencido en el periodo comprendido entre la declaración de estado de catástrofe, por calamidad pública, de fecha 18 de marzo de 2020, y la entrada en vigencia de esta ley.

Cabe mencionar que durante el debate, el subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, hizo expresa reserva de constitucional de la norma en discusión, puesto que, argumentó, “al ser este un beneficio de seguridad social, financiado por el Estado, envuelve materias referidas a un aumento del gasto público” que, estimó, tienen un costo aproximado de 80 millones de dólares.

Pese a ello, gran parte de los discursos parlamentarios estuvieron enfocados en respaldar la iniciativa, que pretende entregar un apoyo a un número importante de la población trabajadora del país. Asimismo, hubo voces que llamaron al Ejecutivo a hacerse cargo del tema y a presentar, sino un apoyo a este proyecto, al menos propuestas alternativas para enfrentar la situación.

Fuente: Departamento de Estudios Transtecnia