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La expresidenta del Consejo Asesor Fiscal y académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrea Repetto, analizó la nueva ruta fiscal que presentó el gobierno para financiar la agenda social.

El nuevo plan de reactivación económica considera un gasto de US$5.500 millones que se traduce en que el gasto público el próximo año será de 9,8%, ¿qué le parece este plan? ¿Será suficiente para acelerar la economía?

-La economía requiere en el corto plazo de un impulso fiscal relevante, tanto por la caída observada en la actividad como por el hecho de que la inversión y el consumo privado están afectados por la incertidumbre. El plan de reactivación es importante para la coyuntura actual de una caída fuerte en la actividad. Si bien aún no se conocen los detalles, el énfasis en aliviar la pérdida de ingresos de las familias y en impulsar gastos que generen empleo es correcto cuando se trata de reactivar.

¿Logra responder a las demandas ciudadanas o es solo paliativo?

-El plan de reactivación por sí solo no va a lograr resolver la incertidumbre que conllevan las movilizaciones y con ello tampoco tendrá un impacto en aislar la violencia. Sin una agenda social que entregue señales claras respecto de qué cambios se harán para reducir estructuralmente las vulnerabilidades que viven muchas familias, y para que la ciudadanía perciba que estamos transitando hacia un país más justo, veo difícil que se depongan las movilizaciones.

El gobierno señala que se aumenta transitoriamente el déficit estructural y el efectivo para dar espacio a esta agenda, pero que posteriormente, se retoma la convergencia hacia el balance estructural, ¿ve factible que se retome la senda fiscal?

-La agenda social estructural requerirá más gasto fiscal que lo anunciado hasta ahora. La situación fiscal es sana y permite enfrentar los gastos transitorios que se han anunciado en torno a la reactivación. Pero el impulso de la reactivación agota el espacio que queda. Tampoco hay que olvidar que los impulsos fiscales tienen mucha inercia, aunque hayan sido diseñados inicialmente como transitorios. También se puede reasignar gasto. El programa de la candidatura de Sebastián Piñera había propuesto financiar nuevos gastos con reasignaciones y reducción de gastos por US$7 mil millones en 4 años. Pero la realidad es que estos recortes y reasignaciones son difíciles de implementar para cualquier gobierno, porque tienen costos políticos relevantes y porque, a veces, lo que corresponde es rediseñar los programas y no cerrarlos.

¿Es necesaria una nueva reforma tributaria o algún cambio estructural que permita tener recursos permanentes?

-Para resolver realmente los problemas de pensiones, salud, educación, segregación urbana, transporte y tantos otros, se necesita de un Estado más grande. Para ello no queda más que revisar el sistema tributario, en particular, las múltiples exenciones que no se justifican por motivos de eficiencia y que deterioran la progresividad de los impuestos. En otras palabras, recaudar más puede conseguirse revisando la base tributaria más que las tasas impositivas.

¿Y esta nueva reforma la debería empezar este gobierno?

-Hay que empezar a hablar de impuestos ahora, aunque sea para recaudar más adelante. La agenda del gobierno en lo fiscal no está bien balanceada: tiene un énfasis en la actividad de corto plazo y no en los problemas sociales que llevaron a la crisis ni en la forma de financiarlos de manera permanente.

¿Hay riesgos de la sostenibilidad fiscal?

-Si no se buscan ingresos permanentes para los gastos que necesariamente vienen, la senda fiscal puede hacerse insostenible, y será difícil pensar en la convergencia al balance estructural en un plazo razonable. En el diseño de un plan fiscal y su seguimiento, el Consejo Fiscal tiene que cumplir un rol central. En la medida en que actúen con autonomía, le pueden dar credibilidad a una nueva senda fiscal.

Artículo de Carlos Alonso

Fuente: La Tercera