El 1° de enero de 2024 entra en vigencia la Ley de Transparencia Corporativa (“Corporate Transparency Act” o “CTA”). La normativa tiene por objeto obligar a ciertas compañías a entregar al Departamento del Tesoro de Estados Unidos información referida a ellas mismas y sus beneficiarios finales. 

Las obligaciones de información indicadas aplican para compañías (incluyendo sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada y otras entidades) creadas en Estados Unidos o constituidas en el extranjero y registradas para hacer negocios en dicho país. 

La información debe entregarse en forma de un Informe de Beneficiarios Efectivos, que contiene información para identificar tanto a la empresa como a sus beneficiarios efectivos, tales como su nombre, domicilio, número de identificación, entre otros.  

Las compañías existentes al 1° de enero de 2024 tendrán hasta el 1° de enero de 2025 para enviar su Informe de Beneficiarios Efectivos, mientras que las que se constituyan con posterioridad a esa fecha tendrán un plazo de 30 días desde la constitución de la sociedad para cumplir con los deberes de información. 

Se debe señalar que una de los objetivos de la política pública tributaria chilena, es establecer también un registro de dueños de empresas,  que identifique a quienes son los beneficiarios finales de estructuras sociales complejas, entregando mayor transparencia al sistema, y reduciendo los riesgos de corrupción.