La reforma avanza al liberar o rebajar el pago de contribuciones para determinados adultos mayores. Es una medida justa. Pero falta responder una pregunta mucho más profunda: ¿por qué una persona jubilada debe seguir pagando impuestos si decide continuar trabajando?

Después de los 65 años, una persona ya cumplió décadas de vida laboral: trabajó, cotizó, pagó impuestos, financió al Estado y construyó su jubilación. Si decide continuar trabajando, no debería ser castigada por seguir siendo productiva.

No hablamos de eximir dividendos, inversiones o grandes patrimonios. Hablamos de algo muy concreto: eximir de impuestos las rentas obtenidas directamente del trabajo después de la jubilación.

Sueldos, honorarios y asesorías realizadas personalmente por mayores de 65 años no deberían pagar impuesto a la renta. Porque continuar trabajando después de jubilarse mantiene la autonomía, transmite experiencia, genera actividad económica, complementa pensiones muchas veces insuficientes, y reduce la dependencia del Estado.

Entonces, ¿por qué cobrar impuestos precisamente a quien decide seguir aportando?