No podemos controlar todo lo que ocurre en el sector público, no podemos impedir que existan errores, malas decisiones, negligencias o incluso personas dispuestas a abusar y defraudar el sistema; pero sí podemos exigir algo básico:

Responsabilidad, ética, evidencia y verdad económica, porque cuando los sistemas de información son débiles, opacos o incompletos, la corrupción encuentra su mejor refugio; no necesita esconderse demasiado, le basta con habitar en el desorden.

Cuando no existe trazabilidad, nadie sabe explicar con claridad: Quién autorizó, quién ejecutó, quién revisó, quién omitió, quién validó o quién debe responder y, cuando nadie responde, la irresponsabilidad se normaliza.

Durante años hemos visto casos graves donde abundan las explicaciones de lo inexplicable, los sumarios, las declaraciones y los relatos. Pero muchas veces falta lo esencial: evidencia clara y responsables identificables; falta probidad; ese es el verdadero problema.

Porque la corrupción no siempre nace de un gran plan sofisticado. Muchas veces nace de procesos mal diseñados, controles débiles, planillas dispersas, autorizaciones informales, documentos que no aparecen y sistemas que no explican lo que ocurrió.

Ahí es donde el relato, el cuento reemplaza a la verdad y, cuando el relato reemplaza a la verdad, todo se puede justificar; los errores se transforman en “fallas administrativas”. La negligencia se presenta como confusión; los responsables desaparecen detrás de la burocracia y los inocentes pueden terminar pagando por hechos que otros provocaron.

Por eso, frente a cada gasto público, la pregunta no debería ser solo: ¿Cuánto se gastó? La pregunta debería ser: ¿Cuál fue el hecho económico? ¿Dónde está la evidencia? ¿Quién lo autorizó? ¿Quién lo ejecutó? ¿Quién lo revisó? ¿Quién responde?

Sin esas preguntas no hay control real, solo hay ilusión de control.