La ecuación es simple, si el Estado va a invertir más, necesita recaudar más. Y pese a que aún no hay detalles concretos del contenido del proyecto que se presentará al Congreso –cuya estrategia de tramitación, según se adelantó, será de manera parcelada– ya existen algunas ideas respecto a las áreas que podría abordar, como el control de la evasión, la eliminación de exenciones tributarias, impuestos a los altos patrimonios, royalty minero, impuestos verdes, entre otros.

Esto, con el fin de alcanzar lo que las autoridades han denominado como un nuevo pacto fiscal que aumente la recaudación en cerca del 4% del PIB, que corresponde aproximadamente a US$12 mil millones al año.

¿En qué consiste un pacto fiscal? Según Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), se trata de “un acuerdo político explícito o implícito de los distintos sectores sociales sobre qué debe hacer el Estado, ayuda a legitimar el nivel, composición y tendencia del gasto público y de la carga tributaria necesaria para su financiamiento”.

Cabe mencionar que, hasta 2019, la carga tributaria en los países de la OCDE era de 34,2%, según un informe de la Biblioteca Congreso Nacional titulado “Algunos aspectos sobre sistema tributario chileno con relación a la OCDE”. De este modo, mientras la mayoría de las naciones poseía una carga entre 30 y 40%, en Chile la cifra llegaba a 20,2%, la más baja después de México.

Por otro lado, la fuente más importante para los países de la OCDE correspondía a las contribuciones a la seguridad social, con un 26,2%, seguido por el Impuesto a la Renta (23,85) y en tercer lugar el Impuesto al Valor Agregado (20,2%). En cambio, nuestro país tenía el porcentaje más alto de recaudación por concepto de IVA, con un 41,2%, y de 20,9% de impuesto a las empresas.

Al analizar cómo ha evolucionado el sistema tributario chileno, la historia da cuenta de cuatro reformas relevantes en los últimos 35 años. La primera de ellas se llevó a cabo en 1988, meses antes de la realización del Plebiscito que puso fin al régimen militar, y se caracterizó principalmente porque se redujo la carga tributaria de impuestos personales, al igual que la tasa marginal máxima del Impuesto a la Renta a 50%, además de rebajar el IVA de 20 a 16%.

Posteriormente, junto con el retorno a la democracia, se impulsó en 1990 una nueva reforma, que tuvo por objeto revertir parte de los ajustes implementados al Impuesto a la Renta en años anteriores. De este modo, las utilidades reinvertidas volvieron a ser parte de la base del Impuesto de Primera Categoría –el cual se elevó de 10% a 15%–.

También subió la tributación para las personas con ingresos superiores a 30 UTM mensuales, equivalentes a más de $1.650.0000 actuales, lo que implicó que se modificaran las tablas de tasas marginales del Impuesto Global Complementario, y el IVA se incrementara de 16 a 18%.

De acuerdo a Alejandra Ross, abogada del área tributaria de Arteaga Gorziglia, “en los años noventa y principios del 2000, las políticas fiscales tenían un enfoque mayor en el fomento a la inversión, dar profundidad al mercado chileno y fomentar la reinversión de utilidades en los negocios del país para generar un mayor crecimiento y desarrollo. En función de lo anterior, la ley tributaria contempla exenciones y beneficios de invariabilidad tributaria enfocados en cumplir dichos objetivos”.

Mientras que Patricio Gana, director de AK Contadores, señala que “el tema de las reformas tributarias se ha politizado”, y añade que “ajustar un modelo tributario siempre es importante y necesario, para adaptarse a las nuevas realidades y conseguir el objetivo principal que es recaudar más y mejor. Me refiero a que la recaudación fiscal no debe dañar el crecimiento productivo, y por lo tanto, debe siempre tener en consideración que en el futuro voy a recaudar más”.

Así, pasaron catorce años antes de que se presentara en Chile una reforma tributaria significativa, la que estuvo un fuerte foco en tributar las utilidades de las empresas. En ese entonces, la tasa de primera categoría subió de 20 a 27%, y se desintegró parcialmente el régimen general. Asimismo, se redujo la tasa marginal máxima a 35% –cabe mencionar que previo a la reforma del 88 estaba en 56%–, en tanto que los impuestos al tabaco, alcoholes y bebidas azucaradas se incrementaron.

Sobre esto, Ross menciona que ya desde 2014 hacia adelante “se impulsa una nueva agenda en materia fiscal: fomento de la recaudación de impuestos y eliminación de exenciones, con el objetivo de contar con recursos inmediatos para impulsar la agenda social. Esto se refleja en importantes modificaciones, que buscaban generar un cambian esencial en el sistema, otorgando mayores facultades a los fiscalizadores y colocando un mayor peso de prueba sobre los contribuyentes”.

Y es que en 2018 se implementó una nueva reestructuración al sistema impositivo, la que si bien revertía buena parte de lo implementado cuatro años antes, tuvo que adecuarse tras el estallido social. Con ello, se amplió el régimen pyme desde un tope de 50 mil UF de ingresos a 75 mil, además de establecer una sobretasa al impuesto territorial, y crear un nuevo tramo de tasa marginal máxima de 40%.

La importancia de un pacto fiscal

Aunque todavía los ajustes puntuales al sistema son desconocidos, la meta de alcanzar un nuevo pacto fiscal adquiere relevancia no solo porque permitirá financiar la potente agenda del Ejecutivo, sino que también porque podría convertirse una nueva fuente de certezas en un contexto que ha sido golpeado por la incertidumbre, y que se enmarca en condiciones de estrechez fiscal.

En ese sentido, Andrés Martínez, socio líder de Consultoría Tributaria de KPMG Chile, afirma que “llegar a un acuerdo tributario definitivo y transversal a todos los sectores del país es esencial para propiciar la estabilidad económica en el país, y generar nuevas inversiones. Nos encontramos en un escenario más bien adverso, donde la inflación y las bajas expectativas de crecimiento nos juegan en contra. Esto, sumado a una nueva Constitución nos plantea importantes desafíos”.

A su vez, Claudio Bustos, abogado tributario y socio fundador de Bustos Tax & Legal, comenta que “en la nueva reforma tributaria, es fundamental que se contemple un incentivo al crecimiento e inversión, sin lo cual no es razonable esperar que las empresas generen utilidades y estén dispuestas a pagar impuestos”.

“En definitiva, hay que ‘aterrizar’ un poco el fenómeno tributario, entender que no es la única solución, y elaborar una reforma integral, que considere aspectos recaudatorios como también de incentivo a la actividad económica”, añadió.

Álvaro Moraga, abogado socio de Moraga & CIA, apuntó “es clave. Pero lamentablemente los pactos políticos carecen de credibilidad. Por lo mismo, la única forma de llegar a un verdadero pacto que asegure la necesaria estabilidad tributaria y consecuente seguridad jurídica, claves de la inversión, es estableciendo quórums más altos para su modificación. Mientras las modificaciones tributarias sigan siendo de mayoría simple, la situación será la misma”.

Por su parte, la economista y directora de empresas, Michelle Labbé, aclaró a EmolTV que “lo que hay que entender es que una política tributaria tiene que tener como objetivo recaudar al máximo sin afectar el crecimiento, y, por lo tanto, hay que dejar la ideología afuera. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Se ha incorporado la ideología dentro de la recaudación tributaria”.

Y advirtió que “la única forma en que tú generes una política tributaria que sea respetada por todos, es una política tributaria que funcione, y un pacto tributario lo único que va a hacer es que sea más fácil aprobarla, pero no va a funcionar igual”.

“Creo que no se da ninguna certeza, porque la certeza se da una vez que se definió qué es lo que se va a hacer, sea el resultado malo, o sea el resultado bueno, por lo tanto, la certeza depende del pacto. Lo que sí va a depender del pacto es el ambiente político, y claro, la política sí es un factor importante en términos de incertidumbre política, pero no económica”, concluyó.