En 2010, Chile captó la atención del mundo entero con un acto de humanidad, tecnología y liderazgo: el rescate de los 33 mineros atrapados en la mina San José. A 700 metros de profundidad, durante 70 días, el país trabajó sin descanso y con excelencia para devolver con vida a cada uno de los trabajadores. No fue solo un éxito técnico; fue una demostración de lo que ocurre cuando el Estado, las empresas y la sociedad colocan la vida humana como prioridad absoluta.

Quince años después, enfrentamos un contraste doloroso: el derrumbe en la mina El Teniente de Codelco, el 31 de julio de 2025, terminó con seis trabajadores muertos. Uno falleció de inmediato y cinco quedaron atrapados a casi 900 metros de profundidad. Tras días de incertidumbre, se confirmó lo más temido: no hubo sobrevivientes.

Accidentabilidad en aumento: una tendencia peligrosa

Según reportes de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), la accidentabilidad en minería ha aumentado en un 62% en los últimos años. Esto, en un sector de alta exposición al riesgo y de importancia estratégica para el país, debería encender todas las alarmas. Más aún cuando las investigaciones en curso señalan que existieron advertencias previas al accidente: movimientos sísmicos detectados, condiciones de inestabilidad geológica, y protocolos que posiblemente no se activaron a tiempo.

El Estado ausente: ¿Dónde estuvo la fiscalización?

El Ministerio del Trabajo, a través de su Dirección del Trabajo, tiene la obligación de fiscalizar rigurosamente las condiciones de seguridad en las faenas mineras, especialmente en aquellas con antecedentes de riesgo. Sin embargo, no se ha transparentado si hubo inspecciones recientes en El Teniente ni qué medidas se tomaron tras las primeras señales de alerta.