La Comisión de Economía aprobó, en general, el proyecto iniciado en moción (boletín 14888) conocido como “Chao Dicom”. Su fin es establecer una regulación especial y excepcional del tratamiento de ciertos datos personales.

En específico, la propuesta busca establecer la prohibición, para los responsables del registro o banco de datos, de proporcionar la información sobre deudas impagas hasta el 30 de abril de 2022. Particularmente, rige para los distribuidores de información de carácter económico financiero, bancario o comercial.

Además, dispone la obligación de eliminar de estos registros los datos relativos a obligaciones exigibles e impagas inferiores a $2.500.000. Este monto, considerado por concepto de capital, excluye intereses, reajustes o cualquier otro rubro.

La norma establece multas por incumplimiento, a beneficio fiscal, de 1.000 hasta 2.500 UTM ($56.700.000 a $141.900.000 app), previo requerimiento del titular de los datos.