El presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile (ASECH), Marcos Rivas, junto al director Ejecutivo de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores de Chile, Juan Pizarro, se reunieron con el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Antonio Coloma, para manifestarle su preocupación sobre diversos aspectos contenidos en el proyecto de ley reforma tributaria del Gobierno que se tramita en el Congreso, y que tienen un impacto negativo en las pymes.

El presidente de ASECH -gremio que reúne a 51 mil micro, pequeños y medianos empresarios a nivel nacional- enfatizó que los emprendedores y las pymes son el sector más afectado por la pandemia y la crisis económica, e hizo un llamado al Gobierno y a los legisladores a adoptar medidas urgentes para evitar la destrucción de miles de puestos de trabajo en todo el país. Subrayó que las pymes generan un 65% de los empleos formales en Chile.

Rivas compartió con el senador Juan Antonio Coloma un documento, elaborado en conjunto con el Colegio de Contadores de Chile, que aborda siete puntos críticos para los emprendedores y las pymes en base a la información divulgada por el Ministerio de Hacienda previo a la presentación del proyecto de ley ante el Congreso.

Los puntos identificados por ASECH y el Colegio de Contadores como críticos

Las pymes y el emprendimiento tienen poco acceso al mercado de capitales y por ello gran parte del financiamiento de sus operaciones proviene de los ingresos que genera el mismo emprendedor y que en su mayoría se derivan de las rentas percibidas mensualmente como sueldo (los emprendedores son empresarios y empleados a la vez). Dada esta realidad, el aumento del impuesto a la renta en la forma de mayor carga y progresividad en los tramos del impuesto global complementario va en contra de la posibilidad que tiene un emprendedor y una pyme para financiar su capital de trabajo. Por ello, proponemos no hacer cambios en el Impuesto Global Complementario cuando se trate de empresarios pymes y entender que un emprendedor que recibe una renta, la utiliza no solo para financiar gastos de su familia y propios sino que debe hacer frente a múltiples compromisos como aportes en capital de trabajo y deudas, entre otros, cubriendo con ello el nulo acceso que tiene al sistema financiero a diferencia de lo que ocurre con otras empresas de mayor tamaño.

Las pymes son el sector más golpeado por la pandemia, incluso la transición a los actuales regímenes tributarios implicó llevar a gasto los activos y existencia, y, por lo tanto, muchas se encuentran en pérdida. Es por ello, que es un contrasentido limitar el uso de las pérdidas tributarias de arrastre a solo el 50% de la renta líquida de cada periodo. Esto conlleva mayor pago de impuesto a la renta en el presente y limitar los recursos propios para reinvertir y salir de la delicada situación en que se encuentran muchas pymes. Proponemos que se elimine esta restricción para las pymes.

Que se mejoren los tibios incentivos a la formalización esbozados en la propuesta del Ejecutivo. En este punto, proponemos gradualidad del pago de IVA y Renta para las nuevas empresas en un periodo de 36 meses, que es precisamente el tiempo crítico en la primera fase de desarrollo de los emprendimientos, conocido como el “valle de la muerte”.

El proyecto de reforma tributaria propone subir a 25% el año 2023 la tasa de impuesto a la renta y no se hace cargo de mantener la tasa en el 10% actual, condición necesaria para que las pymes cuenten con mayores recursos propios para reinvertir, considerando las desfavorables condiciones crediticias actuales. Es por ello, que proponemos que la tasa de impuesto a la renta para las empresas con ventas menores a UF 100.000 al año se mantenga en 10% durante 2023. A partir de ahí, que se aplique gradualidad en los siguientes 2 años, llegando a un 25% en 2026.

El proyecto de ley limita el uso del mecanismo de la reinversión de utilidades del art 14E de la Ley de la Renta, limitando su uso a empresas con ventas hasta 75.000 UF. Se requiere reestablecer su uso para las empresas con ventas hasta 100.000UF en línea con el concepto de pymes.

El impuesto al patrimonio y a las utilidades acumuladas no es neutral para los emprendedores y las pymes, ya que se trata de un impuesto al stock y no al flujo de efectivo. Las startup, cuya valorización puede lograr cifras importantes, se verán afectadas negativamente con este impuesto, limitando los incentivos para potenciar en Chile empresas de la nueva economía.

Se requieren fortalecer los derechos de los contribuyentes, en línea con las mayores atribuciones entregadas a la autoridad fiscal. Se visualizan mayores atribuciones al SII, tales como acceso a la información bancaria, aplicación administrativa de la norma general antielusiva, denunciante anónimo, entre otras; y un nulo fortalecimiento de los derechos de los contribuyentes. Proponemos entregar mayores atribuciones a la DENACON, por ejemplo, en materia de defensa judicial en favor de las pymes.

Para las pymes es muy importante que las autoridades y los legisladores evalúen la competitividad del sistema tributario y los impactos de los impuestos en la economía. Una reforma tributaria que afecte la inversión y el crecimiento económico afectará con mayor intensidad a las pymes, muchas de las cuales aún no salen de la crisis financiera generada por el Covid.

Consideramos fundamental que el ministerio de Hacienda y el Servicio de Impuestos Internos se subordine a lo establecido en el estatuto Pyme respecto de los tramos de empresas y beneficios incluidos en la ley.