El anuncio de auditorías a organismos del Estado como medida para fortalecer la transparencia y prevenir la corrupción es, sin duda, una señal positiva. Refuerza la idea de control, fiscalización y responsabilidad en el uso de los recursos públicos, elementos esenciales para la confianza institucional.

Sin embargo, existe una pregunta que rara vez se aborda con la profundidad necesaria:

¿Es posible garantizar el control real de los recursos públicos cuando los sistemas que registran su uso no permiten conocer con precisión la verdad económica de los hechos?

La auditoría, tal como se aplica hoy, cumple un rol relevante, pero limitado. Su naturaleza es esencialmente ex post: revisa decisiones ya ejecutadas, pagos ya realizados y registros ya generados. En ese proceso, el auditor intenta reconstruir lo ocurrido a partir de la información disponible.

Pero cuando esa información carece de trazabilidad, la reconstrucción se vuelve incompleta.

El problema estructural: registros sin cadena de responsabilidad.

Una de las debilidades más relevantes del control del gasto público no está necesariamente en la ausencia de auditorías, sino en la forma en que se registran los hechos económicos.

En muchos sistemas administrativos, el registro contable y financiero:

📌 No está vinculado de manera estructural con la evidencia que respalda el gasto.

📌 No permite reconstruir la secuencia completa de una operación.

📌 No identifica con precisión quién autorizó, quién ejecutó y quién registró cada decisión.

📌 Fragmenta la información en múltiples sistemas, documentos o planillas.

El resultado es un fenómeno crítico para el control institucional: la ruptura de la cadena de responsabilidad.

Cuando esa cadena se rompe, ocurre algo que debiera preocupar profundamente:
ante una irregularidad o un posible uso indebido de recursos, no es posible determinar con claridad quién fue el responsable.

El dinero fue ejecutado, el registro existe; pero la historia completa del hecho económico no puede reconstruirse.

Sin trazabilidad no hay control efectivo.

El control del gasto público no depende exclusivamente de revisar, sino de poder comprender con precisión lo que ocurrió.

Y esa comprensión exige algo más que registros formales. Exige la existencia de una trazabilidad completa del hecho económico, desde su origen hasta su impacto final.

Esto implica que cada operación debería permitir responder, sin ambigüedades, preguntas básicas:

📌 ¿Cuál fue el hecho económico real?

📌 ¿Qué documento lo respalda?

📌 ¿Quién tomó la decisión?

📌 ¿Quién ejecutó la operación?

📌 ¿Quién la registró?

📌 ¿Cuándo ocurrió y bajo qué condiciones?

Cuando estas preguntas no pueden responderse con certeza, lo que falta no es auditoría.
Lo que falta es verdad económica estructurada.