Chile realiza un enorme esfuerzo fiscal para financiar la educación superior. Después de diez años, llegó el momento de preguntarnos qué resultados estamos obteniendo y qué responsabilidades deben acompañar este beneficio.

Hay algo que como empresario, ciudadano y contribuyente me preocupa profundamente: la forma en que estamos utilizando los recursos públicos destinados a la educación superior en Chile.

Desde 2016, nuestro país ha realizado un esfuerzo económico extraordinario para permitir que cientos de miles de jóvenes puedan estudiar sin pagar directamente sus aranceles universitarios o técnicos. El propósito es noble y difícilmente cuestionable: que la falta de recursos económicos no sea un impedimento para acceder a la educación.

Pero una buena intención no garantiza necesariamente un buen resultado. Y después de una década, creo que tenemos el derecho y la responsabilidad de formular una pregunta incómoda: ¿estamos formando mejores profesionales y mejores ciudadanos, o simplemente estamos financiando el acceso a la educación sin evaluar suficientemente sus resultados?

La gratuidad no es gratis: alguien está pagando

Para dimensionar este esfuerzo, basta revisar las cifras oficiales. El presupuesto 2026 contempla aproximadamente $2,58 billones para el financiamiento institucional de la gratuidad en universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. Se proyectan alrededor de 683.000 beneficiarios.

Son recursos enormes para un país que enfrenta necesidades urgentes en salud, seguridad, vivienda, pensiones y educación escolar. Detrás de cada peso destinado a la gratuidad existe el esfuerzo de millones de chilenos que trabajan, producen, emprenden y pagan impuestos.

La educación puede ser gratuita para quien la recibe, pero nunca es gratuita para la sociedad. Por eso, cuando hablamos de gratuidad, también debemos hablar de responsabilidad.

Diez años después: ¿qué ha cambiado?

Antes de la gratuidad, numerosas familias realizaban sacrificios extraordinarios para financiar los estudios de sus hijos; otras simplemente no podían hacerlo. La gratuidad ha contribuido a reducir esa barrera económica. Es un avance que corresponde reconocer.

Pero la pregunta no termina allí. ¿Qué ha sucedido con la calidad de la formación?, ¿qué ocurre con la empleabilidad de los egresados?, ¿cómo han evolucionado el respeto hacia los profesores, la convivencia universitaria y la responsabilidad de los estudiantes?, ¿estamos formando jóvenes mejor preparados para enfrentar los desafíos del mundo laboral y contribuir al desarrollo del país?

Y, especialmente, ¿estamos formando ciudadanos capaces de convivir con quienes piensan distinto? No basta con responder cuántos estudiantes reciben gratuidad; necesitamos conocer también sus resultados.

La violencia no puede tener espacio en la educación

Me preocupa observar episodios de violencia, destrucción de infraestructura, intimidación y alteraciones graves de la convivencia en determinados establecimientos educacionales. No podemos normalizar que espacios construidos para aprender terminen convertidos en escenarios de destrucción. Tampoco podemos aceptar que un estudiante que desea asistir a clases vea impedido su derecho a estudiar por la acción de otros.

La libertad de expresión y la protesta pacífica son derechos fundamentales. Pero ninguna de ellas justifica la violencia.

Sería incorrecto atribuir estos comportamientos directamente a la gratuidad, porque la violencia estudiantil tiene antecedentes anteriores a su implementación y múltiples causas. Sin embargo, eso no elimina una pregunta fundamental: ¿qué responsabilidades deben asumir quienes reciben una oportunidad educativa financiada con recursos de toda la sociedad y cometen actos graves contra los derechos de otros?

La trampa de lo gratuito

Existe un riesgo en cualquier política pública cuando el beneficio recibido se desconecta de la conciencia sobre su costo y de las responsabilidades que lo acompañan. No significa que todas las personas que reciben algo gratuitamente dejen de valorarlo; miles de jóvenes estudian con esfuerzo, dedicación y compromiso.

Pero debemos preguntarnos si nuestro sistema educativo transmite suficientemente el valor del esfuerzo colectivo que permite financiar sus estudios. Porque la gratuidad no debería confundirse con ausencia de responsabilidades. Recibir un beneficio financiado por todos no significa adquirir un derecho a destruir lo que pertenece a todos.

Y aquí aparece una reflexión que considero esencial: una sociedad que enseña a exigir derechos, pero no forma simultáneamente en responsabilidades, corre el riesgo de debilitar su convivencia.

La educación no consiste solamente en transmitir conocimientos; también debe enseñar respeto, disciplina, tolerancia, honestidad y responsabilidad. No para formar ciudadanos obedientes o incapaces de cuestionar la autoridad, sino para formar personas libres que comprendan que sus derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás.

¿Llegó el momento de condicionar la gratuidad al respeto y la convivencia?

Creo que esta pregunta merece un debate nacional serio. ¿Por qué no estudiar mecanismos que vinculen los beneficios públicos de educación superior con compromisos explícitos de convivencia y responsabilidad?

No estoy hablando de castigar opiniones, posiciones políticas, discrepancias o manifestaciones pacíficas. Estoy hablando de conductas graves y comprobadas: agresiones, amenazas, destrucción deliberada de infraestructura o acciones violentas que impidan estudiar a otros.

En esos casos, deberíamos discutir si las sanciones disciplinarias actuales son suficientes y si, excepcionalmente, corresponde contemplar consecuencias sobre determinados beneficios públicos. Una medida de esa naturaleza exigiría reglas legales claras, proporcionalidad, debido proceso y mecanismos para evitar sanciones arbitrarias o que perpetúen la exclusión educativa.

También deberíamos preguntarnos si existen alternativas más efectivas, como la reparación de daños, medidas restaurativas y compromisos verificables de convivencia. No se trata de quitar oportunidades educativas; se trata de asegurar que esas oportunidades sean utilizadas con responsabilidad y respeto hacia los demás.