En los debates públicos sobre economía y riquezas, es común enfocarse en el papel de las empresas privadas y su responsabilidad social. Se plantea que deben pagar más impuestos y tener propósitos más allá de la rentabilidad financiera. Sin embargo, se pasa por alto un tema igualmente importante: la gestión y administración de las riquezas del Estado. Es hora de cuestionar cómo se manejan los recursos estatales y reflexionar sobre la forma en que estas decisiones afectan el bienestar de la sociedad.

El Estado, en teoría, representa a todos los ciudadanos y tiene la responsabilidad de administrar los recursos públicos de manera transparente y eficiente. Sin embargo, en la práctica, esto no siempre sucede. La gestión de las empresas y riquezas estatales a menudo queda en manos de políticos, quienes pueden estar más interesados en lograr beneficios personales que en el bienestar general.

Un ejemplo de esto es Argentina, un país rico en recursos naturales pero que ha experimentado una pobreza persistente debido a una mala administración y corrupción desenfrenada en el manejo de los recursos públicos. Esta situación nos recuerda la importancia crítica de la efectiva y responsable gestión estatal de las riquezas y empresas públicas.

En el caso de Chile, recientemente se ha dado un ejemplo que levanta interrogantes. CODELCO, la empresa estatal de minería, ha reflejado resultados operacionales y de gestión decepcionantes, sin embargo, ha sido premiada con la explotación y administración del litio, un recurso valioso para el país. ¿Cómo se justifica esta decisión? ¿Dónde está el control y la supervisión efectivos para garantizar que las empresas estatales sean gestionadas de manera responsable y en beneficio de toda la sociedad?

Este debate no pretende desmerecer la importancia del sector privado y sus responsabilidades sociales. Sin embargo, es fundamental reconocer que el Estado también debe rendir cuentas por la manera en que administra y controla las riquezas y empresas que le pertenecen a la ciudadanía en general.

Es momento de dirigir nuestra atención hacia la gestión de las riquezas y empresas del Estado. Siempre hemos estado preocupados por aumentar los ingresos estatales a través de impuestos, pero debemos ir más allá. Necesitamos una supervisión efectiva y controles rigurosos para garantizar que las riquezas del Estado y las empresas públicas sean administradas de manera responsable y en beneficio de la sociedad en su conjunto.

La transparencia, eficiencia y responsabilidad en la toma de decisiones deben ser fundamentales en la gestión de los recursos estatales. Asimismo, la participación activa y vigilancia de los ciudadanos es esencial para asegurar que las decisiones tomadas sean en beneficio de todos y eviten la malversación de los recursos públicos.

Es hora de enfocarnos en el debate sobre la gestión de las riquezas estatales y exigir una mayor rendición de cuentas por parte del Estado en su responsabilidad de administrar y controlar los recursos que nos pertenecen a todos. La pobreza de un país rico no puede ser justificación para continuar ignorando este importante problema.