Combustibles: ¿Quién fija el precio y quién paga la cuenta? ¿Quien protege al consumidor?

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17.11.2026

Combustibles: ¿Quién fija el precio y quién paga la cuenta? ¿Quien protege al consumidor?

Combustibles: ¿Quién fija el precio y quién paga la cuenta? ¿Quien protege al consumidor?

El Estado amortigua las alzas mediante el MEPCO, mientras su empresa petrolera ENAP obtiene utilidades extraordinarias. Los ciudadanos merecemos entender cómo se conectan ambas cuentas.

Para discutir el precio de los combustibles, primero debemos aclarar algo fundamental: en Chile no existe un único actor que determine todos sus componentes.

ENAP produce y comercializa combustibles a nivel mayorista, utilizando como referencia la paridad de importación: cuánto costaría traer el combustible desde un mercado internacional relevante, incluidos transporte, seguros y otros costos. Las distribuidoras establecen sus márgenes y precios de venta al público. El Estado determina los impuestos y, mediante el MEPCO, ajusta el componente variable del impuesto específico para suavizar las fluctuaciones.

El Estado participa, entonces, como dueño de ENAP, como autoridad que establece las reglas y como recaudador que modifica la carga tributaria. Esa triple responsabilidad exige una explicación conjunta.

Cuando los precios internacionales de los combustibles refinados aumentan más que los costos de producirlos, ENAP puede obtener mayores márgenes. Al mismo tiempo, el Fisco puede reducir la recaudación mediante el MEPCO para amortiguar el impacto sobre el consumidor.

Ambas cosas pueden coexistir técnicamente; lo que debemos discutir es si ese diseño distribuye adecuadamente los costos y los beneficios.

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¿Por qué utilizar la paridad de importación como referencia?, ¿qué parte del precio corresponde a costos efectivos y qué parte a margen?, ¿cuánto sacrifica el Fisco para estabilizarlo?, ¿cuánto recibe de ENAP mediante impuestos y dividendos? La referencia internacional explica una metodología; su conveniencia para el país también debe justificarse.

Para el transportista, esta discusión tiene consecuencias concretas. Necesita combustible para trabajar. Si absorbe el aumento, pierde rentabilidad; si lo traslada a sus tarifas, el costo avanza hacia el comercio y los consumidores.

Por eso, el problema alcanza también a quienes no tienen automóvil: el combustible participa en el transporte de alimentos, materiales y numerosos productos.

No toda alza es un aumento de impuestos. Pero la combinación de precios, márgenes e impuestos puede convertirse en una carga sobre el costo de vida que resulta difícil de identificar para quien finalmente la paga.

Un contador pediría ver todas las cuentas juntas; los ciudadanos deberíamos exigir lo mismo. No basta con celebrar las utilidades de ENAP y explicar, en otro informe, el esfuerzo fiscal del MEPCO. Necesitamos conocer el resultado conjunto, el destino de los recursos y el beneficio para la ciudadanía.

El Estado debe responder por la coherencia del sistema completo: las reglas de precios, la rentabilidad de su empresa, los impuestos y la protección del consumidor. Mientras esas piezas se expliquen por separado, el precio del combustible seguirá pareciendo una caja negra.

¿Quién fija cada componente, quién obtiene el beneficio y quién termina pagando la cuenta? Esa es la discusión que necesitamos abrir.

AUTOR:
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Jorge L. Valenzuela.

Socio Fundador de Transtecnia S.A.

Artículo elaborado con apoyo editorial de IA.

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