La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), junto a un grupo de centrales de trabajadores, llegó hasta el Ministerio del Trabajo para entregar una propuesta que aportar a la discusión de la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas.

El acuerdo, firmado por las seis ramas del gran empresariado con la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), la Central de Trabajadores de Chile (CTCH) y la Central Autónoma de Trabajadores (CAT), se le entregó a la ministra del Trabajo. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) no participó de este trabajo conjunto.

Entre las principales conclusiones está el hecho de que reducir la jornada ordinaria de empleo de 45 a 40 horas efectivas de trabajo semanal “debiera permitir que los trabajadores y trabajadoras puedan acceder a una mejor calidad de vida junto a sus familias”.

Junto con ello se establece que la reducción de la jornada laboral a cuarenta horas semanales debe ser aplicada en forma tal, que no implique una disminución del nivel de vida de los trabajadores.

Pero también se resalta que “la reducción de la jornada ordinaria de trabajo y el aumento de costos para las empresas no afecte la productividad, para lo cual es necesario que las partes dialoguen y puedan pactar condiciones de adaptabilidad que permitan reordenar los tiempos de trabajo de manera acorde a las situaciones específicas de las empresas y los trabajadores”.

Además, se fijó como punto central que “las empresas no puedan reducir de manera inmediata la jornada ordinaria a 40 horas y requieran de un período de ajuste, por tanto, creemos necesaria una gradualidad, lo que debiera facilitar que las empresas puedan tomar resguardos organizacionales que les permitan adaptarse”.

Otro foco que está dentro del marco de entendimiento apunta a que cada empresa es una realidad distinta no solo por su tamaño, actividad o ubicación geográfica, sino también por sus diversas formas de organización del trabajo por turnos, jornadas parciales, especiales, excepcionales y otras formas de organización. “Tanto para las empresas como para los trabajadores que, debido a las particularidades de sus actividades requieren jornadas especiales y excepcionales, es muy importante que éstas no se vean alteradas con la aplicación de la jornada ordinaria de 40 horas semanales”, plasmó el documento.

Asimismo, se estipuló que “para las pymes es fundamental que cualquier propuesta de reducción de la jornada laboral ordinaria tome en cuenta su compleja situación, dado los múltiples costos en que han debido incurrir producto del estallido social, la pandemia del Covid-19, las nuevas regulaciones legales y su menor participación de mercado”.

Se agrega que “para preservar la empleabilidad formal y el incremento de la productividad de las empresas, la reducción de la jornada laboral debe ser acompañada de políticas públicas que faciliten y favorezcan la capacitación y la formación en el trabajo en las nuevas habilidades que los cambios tecnológicos nos exigen hoy y en el futuro”.

En ese sentido se mencionó que “se debe asegurar los mecanismos y recursos necesarios para la reconversión laboral de los trabajadores y trabajadoras, que permitan estar preparados para los avances tecnológicos y de automatización que la industria moderna necesita”.