Una de las modificaciones más relevantes incorporadas en la Ley de Modernización Tributaria de 2021 fue la obligatoriedad del uso de la Boleta Electrónica de Venta de Bienes y Servicios que entró en vigencia en enero de 2021, para los facturadores electrónicos, y en marzo del mismo año, para los no facturadores.

Durante el primer semestre de 2022, eran cerca de 610 mil contribuyentes los inscritos como boleteros electrónicos en el país. De ellos, 79,2% son microempresas, 17% son pequeñas empresas; 2,2% son medianas empresas; 1% corresponde a grandes empresas y solo un 0,6% a personas.

En materia de rendimiento, el débito fiscal declarado por concepto de boletas de ventas y servicios como también por comprobantes electrónicos (asociado a las ventas), asciende a 6,2 billones de pesos, lo que representa un incremento del 60% respecto al periodo previo a la implementación de esta medida (primer semestre de 2019), y de un 25% más que en el mismo periodo de 2021.

Otro dato relevante a considerar es que, del total de 613.207 inscritos como boleteros electrónicos, 465.082 contribuyentes se encuentran inscritos en el sistema de emisión de boletas de ventas y servicios electrónicas gratuito del SII, lo que equivale a cerca de un 76%. En tanto, 146.760 contribuyentes emiten usando otras opciones disponibles en el mercado, es decir, casi el 24%.

Respecto de la emisión de boletas, se destaca que, durante el primer semestre de este año, se emitieron 2.229.921.296 de boletas de ventas y servicios electrónicas.

De esta forma, a más de un año de la implementación obligatoria de la Boleta Electrónica de Ventas y Servicios se observan sostenidos resultados positivos. Así, al comparar los resultados del primer semestre de 2022 en materia de IVA asociado a este documento electrónico, en comparación con el mismo periodo del año anterior, se registra un aumento del 25%.

El principal beneficio de esta medida apunta a la información que entrega. Mediante los datos disponibles en estos documentos tributarios electrónicos, el SII puede acceder a información con la que antes no contaba y, de esta forma, conocer el comportamiento de los contribuyentes y detectar oportunamente posibles anomalías, con lo que la institución avanza en su tarea central, de asegurar el cumplimiento tributario de los contribuyentes.